Tras la primera sentencia, adelantada por El Mundo, que impone a la Administración valenciana el reintegro de las cantidades abonadas por las personas con discapacidad hasta la fecha con sus intereses legales, los afectados por la tasa han empezado a presentar recursos de alzada ante la Administración con el fin de que quede constancia a la hora de la devolución que se producirá con el nuevo Consell gobernado por una agrupación de izquierdas. Según las primeras estimaciones serán cientos personas con discapacidad que iniciarán el proceso administrativo, como paso previo a contenciosos judiciales.

 

El presidente valenciano del CERMI, Joan Planells, considera que la sentencia "abre una puerta de jurisprudencia para que todas las personas con discapacidad reclamen la devolución del dinero que han pagado durante los últimos meses".

 

El responsable de la discapacidad alentaba en una carta a presentar los recursos de alzada como parte de la cruzada que inició el colectivo hace más de un año contra el copago. "En su día hicimos una campaña, para que al margen del recurso que había entablado el CERMI, individualmente hicierais recurso de alzada y que luego se pasase a los tribunales contencioso administrativo", según Planells.

 

El PSOE presentó el 31 de marzo ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el copago en servicios sociales. Previamente, 50 diputados socialistas a petición del CERMI presentaron otro recurso para acabar el copago que ya consideró ilegal el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Fue entonces cuando el Consell lo convirtió en una ley de tasas como pedía el TSJ, pero no lo hizo con un debate en las Cortes Valencianas sino vía la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2015.

 

Los argumentos del PSOE y del CERMI contra el copago son los mismos que los que ha esgrimido el Jugado de Instrucción 3 de Valencia para obligar a eximir a una persona con discapacidad del pago de cuotas. El juez considera que la Administración valenciana carece de competencias para dictar el cobro del copago y aclara que en el ámbito de la Comunidad "es patente que no existe ninguna normativa legal que regule los precios públicos reglamentados. De manera que ha sido la Generalitat Valenciana la que ha creado esta prestación patrimonial de carácter público y regulado su régimen y cuantías ejercitando su potestad reglamentaria sin respeto al principio constitucional de reserva de ley, sin acatar tampoco la legalidad tributaria".